Comunicado - Ley de Identidad Trans de Yucatán

Fotografía cortesía de It Gets Better México. Tomada por Juan de Dios Ávila.

• Yucatán es el segundo estado de la península en garantizar este derecho en la ley.

• Queda pendiente la discusión del reconocimiento de identidades no binaries.

• El Congreso y el Gobierno estatal nos siguen utilizando como cortina de humo para debilitar la transparencia y las instituciones.

Desde el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, celebramos que al fin Yucatán se ponga a la par de nuestro estado vecino de la Península Quintana Roo y otros 19 estados en asegurar el derecho a la corrección de datos por la vía administrativa en las actas de nacimiento de las personas trans binarias. 

Esto ya era posible en la práctica sin la necesidad de ampararse desde mediados de 2023, pero garantizar este derecho con la Ley de Identidad de Género da certeza jurídica a una de las comunidades más vulneradas. 

Sin embargo, queda pendiente la discusión que exhortamos desde 2023 a que el Congreso estatal que aborde el reconocimiento de las identidades no binaries. Yucatán apenas se pone al corriente con esta deuda con la comunidad trans cuando más de la mitad del país ya lo garantiza en sus leyes, tal como apenas hace dos años se puso al corriente con el matrimonio igualitario después de casi todo México ya lo había garantizado. 

Este logro de hoy es para la comunidad trans yucateca que desde 2018 ha impulsado varias iniciativas de esta ley que hasta ahora habían sido congeladas. La lucha sigue para garantizar el acceso a este derecho sin discriminación y para que la comunidad no binarie presente sus propias propuestas para el reconocimiento de sus identidades. 

No olvidemos que el Congreso de Yucatán, tal y como lo hizo con el matrimonio igualitario en 2019, usó de cortina de humo a la comunidad LGBTQ+ para avanzar su propia agenda y que hoy pasó lo mismo con la iniciativa que le quita al Poder Legislativo su rol en el proceso de nombramiento de magistrades al Poder Judicial de Yucatán, misma que impactará en la elección de los perfiles que revisarán los casos de derechos humanos que se lleven hasta la última instancia en el estado. 

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